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Día de los Derechos Humanos

El 9 de diciembre de 1948 las Naciones Unidas aprobaron la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, incorporando por primera vez el concepto y la definición de genocidio, que el jurista Raphael Lemkin legara a la humanidad y que tenía entre sus fundamentos el perpetrado por el Estado turco entre 1915 y 1923 contra el pueblo armenio. Al día siguiente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaría la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En homenaje a esta Declaración, la Asamblea dos años después declararía todos los 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. Y desde el 9 de diciembre de 2015, por iniciativa de la República de Armenia, las Naciones Unidas celebran esa fecha como el Día Internacional de Conmemoración y Dignidad de las Víctimas del Crimen de Genocidio y de la Prevención de este Crimen.

La Declaración Universal, piedra basal de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, cobró sentidos diferentes a través de los años. En la Argentina de los 30.000 detenidos desaparecidos, el concepto mismo de este tipo de derecho se tergiversó para responder a la supuesta “Campaña antiargentina”. Para gran parte del pueblo argentino, los Derechos Humanos comenzarían a ponerse en valor a partir del 10 de diciembre de 1983, cuando el presidente Raúl Alfonsín, que había elegido el Día de los Derechos Humanos para su asunción, inauguró el período más extenso de continuidad democrática de la historia argentina.

Sin embargo, esta continuidad democrática no supuso siempre una continuidad de políticas de Derechos Humanos. Más allá de las limitaciones, el histórico juicio a las juntas militares genocidas difícilmente pueda compararse con el espacio marginal y hasta nulo que durante años tendrían los gobiernos posteriores al Pacto de Olivos, hasta el inicio de la presidencia de Néstor Kirchner. Sería en estos dos procesos políticos donde la Causa Armenia tuvo sus avances más destacados en el país, como el trabajo de Leandro Despouy en la Subcomisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1984-1985) y su invaluable aporte a la aprobación del “Informe Whitaker” y Raúl Alfonsín hablando públicamente, como presidente argentino, sobre el genocidio armenio en 1987. Asimismo, está por cumplirse el 10° aniversario de la sanción de la Ley 26.199 que reconoció el genocidio armenio, reafirmando la verdad histórica luego de muchos años de trabajo, y que fuera promulgada por el presidente Kirchner luego de que el Congreso la sancionara con el apoyo de todos los bloques.

Transcurrido un año del gobierno de Cambiemos, desde el CNA entendemos que para ratificar plenamente que los Derechos Humanos continúan siendo una política de Estado que trasciende las banderas políticas, es imprescindible entender que la única constante en esta lucha desde la recuperación democrática fueron organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como el CELS, la APDH y el SERPAJ, fueron sectores de la sociedad que de forma organizada y muchas veces marginalizados y estigmatizados trabajaron por su desarrollo. Todo apoyo a los organismos, todas sus conquistas y su expresión en la recuperación de espacios como los sitios de memoria, son imprescindibles para cualquier etapa de la democracia, no sólo por los procesos de memoria, verdad y justicia frente la última dictadura, sino por la actualización y expansión constante de su agenda, en la cual el genocidio armenio siempre ha estado presente.

La articulación de diferentes estamentos del Estado con organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de políticas de Derechos Humanos, en los distintos ámbitos, siempre deben ser profundizados. El negacionismo, que en espacios que exceden lo político ha intentado volver a escena, solo puede desterrarse con un trabajo constante desde el Estado. Para no banalizar genocidios discutiendo cifras, mecanismo empleado hasta el hartazgo por los negacionistas del genocidio armenio, la educación es un ámbito fundamental. Finalmente, es deseable que las relaciones exteriores tengan su correlato con el plano interno, y éstas incluyan a los Derechos Humanos como guía. En ambos planos, las causas justas avanzan cuando las llamadas razones de Estado quedan supeditadas a la valentía y las convicciones.

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