El 24 de marzo se cumplen cuatro décadas del inicio de la última dictadura cívico-militar en la República Argentina. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional tuvo como sus exponentes más notorios al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada y contó con la participación estructural de las fuerzas policiales y de civiles. A partir del 24 de marzo de 1976 la Junta se atribuyó la facultad de cambiar el rumbo político y económico del país. Con los métodos más atroces, violando sistemáticamente los derechos humanos, intentaron erradicar todo tipo de resistencia política, social y cultural para instalar un nuevo modelo de país. Sus beneficiarios directos no fueron las “víctimas de la violencia terrorista”, ni los sectores empobrecidos por la espiral inflacionaria previa, sino quienes formaron parte del bloque dominante, que no se disolvería con la partida de la Junta en 1983.
Desde la recuperación democrática Argentina ha logrado significativos avances en materia de derechos humanos, especialmente durante el gobierno de Alfonsín y durante el período iniciado en 2003. Las políticas de derechos humanos pueden ser consideradas políticas de Estado. Su consolidación en la última década tuvo como protagonistas a instituciones y organizaciones que en muchos casos habían sido ignoradas, y que hoy trabajan por su continuidad y por su profundización. En la marcha que encabezan todos los años, participarán por primera vez jueces federales, como anunciara el Juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski.
Desde el Consejo Nacional Armenio, hemos señalado que la lucha por el reconocimiento del genocidio contra el pueblo armenio, por justicia y reparación, ha alcanzado sus mayores logros cuando se han logrado avances en materia de derechos humanos en general. Y a su vez, el caso armenio ha sido de utilidad para el avance de las causas de lesa humanidad en Argentina.
Este 24 de marzo cuenta con la particularidad de la visita del presidente Barack Obama a Argentina. Luego de fomentar golpes de estado y contribuir a la formación de militares responsables de las atrocidades y genocidios en América latina en las décadas del ´60 y ´70, EEUU bajo la presidencia de Jimmy Carter incluyó los derechos humanos en su agenda de política exterior. Relevantes figuras como Patricia Derian y Tex Harris jugaron un rol clave en la implementación de esta política y la documentación de la violación de estos derechos por parte de las dictaduras. La decisión de Obama de desclasificar los archivos, en la medida que estos no fueran censurados previamente, podrían ser un paso positivo en el esclarecimiento de la participación norteamericana en las políticas implementadas en aquel nefasto período, del cual tienen mucho para ganar Argentina, América Latina y el resto del mundo. Sería un indicio de la posibilidad de la inclusión de los derechos humanos en la agenda de la política exterior estadounidense.
Obama también había generado expectativas en la numerosa comunidad armenia de su país. Si bien las promesas sobre Guantánamo o la retirada de Irak fueron resonantes a nivel mundial, en su campaña a la primera presidencia en 2008, también se había comprometido en avanzar hacia el reconocimiento pleno del genocidio contra el pueblo armenio, a nivel presidencial y federal, en una nación donde ha habido pronunciamientos en prácticamente todos los Estados. Sin embargo, ya sobre el final de su segunda presidencia, y sin posibilidades de reelección, todavía no ha pronunciado la palabra genocidio para referirse a este caso. La desilusión comunitaria fue expresada en la multitudinaria movilización del 24 de abril de 2015 en Los Ángeles donde residen centenares de miles de descendientes de armenios. Más allá de las implicaciones simbólicas y morales, el uso del término acarrea consecuencias políticas y legales que Obama, al igual que sus predecesores, no ha querido afrontar, frente a un aliado miembro de la OTAN, y potencia regional, como es Turquía. El secretario de estado John Kerry denomina genocidio a las acciones de DAESH en Siria e Irak, con consenso interno sobre la pertinencia de su uso, pero sin un consenso de cuáles serían las consecuencias.
En Argentina parte del proceso de profundización implica el avance en el juicio y castigo a los responsables civiles. Desde el CNA señalamos que en Turquía, a dos semanas de que el Ministro de Justicia Bekir Bozdag inaugurara el Simposio sobre Golpes de Estado en la Universidad de Estambul, el presidente Erdogan propuso una medida que recuerda a lo ocurrido en la Argentina: ampliar la definición de terrorismo para poder incluir a políticos y periodistas. «Deberíamos redefinir inmediatamente ‘terror’ y ‘terrorista’. Debemos modificar inmediatamente el Código Penal de acuerdo con esta nueva definición. Tenemos que proporcionar todo tipo de oportunidades legales y técnicas a nuestras fuerzas de seguridad, fiscales y jueces para que puedan luchar eficazmente contra el terrorismo y los terroristas», declaró Erdogan. De esta manera, podrá seguir avanzando sobre los “responsables civiles” de los intentos de democratización.
Cada nuevo aniversario del golpe de Estado en Argentina es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de memoria, verdad y justicia por todos los crímenes imprescriptibles cometidos, y al mismo tiempo para actualizar las reivindicaciones de las organizaciones sociales y políticas que sostienen la necesidad de construir un futuro que no implique la negación del pasado. En este sentido, desde el CNA creemos que es una fecha propicia para visibilizar internacionalmente aquellos casos, donde aún en un orden formalmente democrático, se intenta avanzar contra las libertades, reivindicaciones y conquistas de los pueblos, con la anuencia de países claves en el concierto internacional de las naciones que no cuentan con los derechos humanos entre sus prioridades al momento de vincularse con otros. Cuando esta dimensión está ausente, es inviable pensar que la frase “Nunca Más” tenga un valor universal.