El martes 9 de septiembre, la agencia Prensa Armenia informó que la legisladora Alejandra Caballero del PRO había presentado un proyecto de ley en la Legislatura porteña para denominar a un predio de Colegiales “República de Azerbaiyán”. Al día siguiente, el mismo medio dio a conocer que Caballero había expresado lo siguiente: “cometí el error de firmar un proyecto, entre varios, para denominar espacios públicos de nuevos países, pero que no fue presentado y por supuesto no presentaré”. El proyecto, que había circulado entre los miembros de la Comisión de Cultura para ser acompañado, finalmente no ingresó, y ateniéndonos a las palabras de la legisladora tampoco ingresará.
Desde el Consejo Nacional Armenio entendemos que este episodio puede haber concluido, pero la trama en la que está inscripto dista mucho de haber alcanzado su final. Caballero expresó haber cometido el error de firmarlo, entre otros papeles. Ante esto, debe evitarse caer en el lugar común de que errar es humano, tanto como en el antiguo principio de que nadie puede alegar su propia torpeza. Si bien el texto del proyecto, el cambio de denominación, aparecía como absolutamente inocente, en los fundamentos se sostenía la posición oficial azerbaiyana sobre el conflicto con Nagorno Karabaj y con Armenia, afirmando que “los primeros años de independencia fueron eclipsados por la guerra de Nagorno Karabaj con su vecina Armenia». Además, afirmaba que Azerbaiyán había logrado pacificar la región, y que se había abierto al mundo, logrando una estabilidad económica y política para su pueblo.
Obviamente, la posición oficial azerbaiyana entiende que las organizaciones de las que forma parte son más importantes que las que constantemente observan su desempeño en materia de derechos humanos y de libertades democráticas, y denomina “estabilidad política” a la perpetuación de Ilham Aliyev a través de la constante persecución a la oposición política. “Abrirse al mundo” es utilizar su renta petrolera para la publicidad y el lobby en lugar de saldar las deudas internas con su pueblo. Y pacificar es afirmar que están en capacidad de ocupar militarmente incluso Ereván.
Ahora bien, esta posición lejos está de generar sorpresa para quienes seguimos de cerca el desenvolvimiento del lobby turco-azerí en la región. Esta forma inverosímil de plantear su realidad es un componente vital para explicar algunos de sus fracasos más estrepitosos, como el emplazamiento de la estatua de Heydar Aliyev en México D.F. o el intento de publicitar su país en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Lo que sí genera una señal de alarma es que estas posiciones aparezcan encarnadas en un proyecto de Ley, rubricado en principio por una legisladora que dice sentirse “muy cercana a la querida comunidad armenia, a quienes acompaño en su dolor, en la memoria viva y en la reivindicación permanente del cruel genocidio armenio ocurrido hace 99 años; pero sobre todo me siento cercana por mis amigos con los que compartimos valores, me enseñaron algunas de sus tradiciones y con los que disfruto desde hace muchos años de su alegría y por supuesto de su exquisita comida».
La pregunta impostergable es cuál es el origen de esos fundamentos, si Caballero de ninguna manera sostiene la posición azerbaiyana, y de hecho acompaña la Causa Armenia. Si su firma fue atribuida a un error propio, ¿su confección a quién debe atribuirse?. Al mismo tiempo, sostiene que sus amigos le alertaron sobre la situación. O bien dio a conocer el proyecto a sus amigos, o bien estos se enteraron a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Es decir, de no haber mediado la noticia, el proyecto hubiera ingresado, desde la fuerza oficialista de la Ciudad. Con diferencias de formas, el hecho inevitablemente recuerda al intento de emplazamiento de la estatua del genocida Mustafá Kemal en 2010.
La dirigencia política de la Ciudad de Buenos Aires debe comprender que este tipo de acciones no constituyen una política aceptable, especialmente en vísperas del Centenario. Denominar “República de Azerbaiyán” a un sector del espacio público es colaborar con un Estado negacionista que recientemente ha expresado la voluntad de “combatir el mito del genocidio contra los armenios en todo el mundo”. Adoptar acríticamente su visión, además de posicionar a la Ciudad frente a un conflicto internacional, es una afrenta a todos aquellos habitantes de la misma que sostienen la defensa de la lucha por memoria, verdad, justicia y reparación en esta causa. La equidistancia en este caso, supone acompañar este reclamo y al mismo tiempo la política de una República que además de negar el genocidio, busca la forma de contrarrestar la lucha que de allí deriva.
Paralelamente, la comunidad, en la recta final para las conmemoraciones del Centenario, debe adoptar en su agenda de manera contundente la forma de contrarrestar la presencia del lobby de Azerbaiyán, ahora de manera explícita también en la Legislatura. Ni siquiera quienes dicen ser cercanos a la comunidad están exentos de ser sus cómplices. El mismo presidente que recibió con honores al asesino condenado Ramil Safarov, que confecciona “listas negras” con quienes viajan a la República de Nagorno Karabaj y que sostiene que sus principales enemigos “son los armenios de todo el mundo y los políticos corruptos cómplices” no debe redactar las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.