La Corte Penal Internacional ordena el arresto del Presidente de Sudán

La Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 4 de marzo emitió su orden de detención, citando cinco cargos de crí­menes de lesa humanidad y dos por crí­menes de guerra, incluidos el asesinato, el exterminio, la tortura y la violación.
“Estamos en presencia de un momento trascendental para la justicia internacional, será clave el apoyo a la decisión de la Corte Penal Internacional por parte de los diversos estados al juzgamiento y castigo del genocida Omar Hassan Al Bashir. A su vez denunciamos el accionar de Turquí­a que obstaculiza intencionalmente el castigo que merecen este tipo de criminales” dijo el Director del Consejo Nacional Armenio de Buenos Aires.
El fiscal de la Corte Penal Internacional CPI, Luis Moreno Ocampo, señaló que « ahora Omar Al Bashir está atacando a sus propios ciudadanos que se supone debe proteger como lí­der del paí­s. La solución para el Sudán tiene que empezar con la detención de Omar Al Bashir. »
“Ha llegado el momento de detener los bombardeos de civiles y las violaciones, y de proteger a las ví­ctimas”
, puntualizó el fiscal.
En los dí­as previos a esta orden de detención, Sudan pidió apoyo a Turquí­a para bloquear cualquier intento de arresto en contra de Al Bashir. Turquí­a, miembro de la OTAN, tiene un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que, bajo el Estatuto de la CPI, puede pedir al tribunal que suspenda la investigación o el enjuiciamiento por un año.
La situación pone a Turquí­a en una posición difí­cil ya que habí­a recibido el apoyo de los Estados africanos en su oferta para conformar el Consejo de Seguridad y tiene ví­nculos estrechos con Al Bashir.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquí­a Ali Babacan dijo a la prensa «Creemos que los problemas (en Sudán) no se pueden resolver mediante la exclusión de la administración de Sudán. Por el contrario, los problemas crecerán».
El diario turco Hurriyet publicó que según fuentes diplomáticas en Turquí­a es probable que se presione para un retraso en la ejecución de la orden de detención en el Consejo de Seguridad.

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