El pasado 22 de mayo, el 14º Alto Tribunal Penal de Estambul condenó a Sevan Nisanyan con 410 días de prisión. Era culpable de “ridiculizar públicamente los valores religiosos avalados por un segmento de la sociedad” en un artículo publicado en su blog el 29 de septiembre de 2012. En esta nota de opinión, que el escritor armenio y ciudadano turco titulara “El discurso de odio debe ser combatido”, expresaba su apoyo a la libertad de expresión frente a los detractores de la película “La inocencia de los musulmanes”. El tribunal entendía que el escritor había violado el artículo 216-3 del Código Penal, que prohíbe “denigrar los valores religiosos de una parte de la población”. Nisanyan, en su defensa, argumentó que él no se había expresado contra el Islam sino que “si alguien deseaba hacer tal declaración, estaría en su derecho más natural de hacerlo, y que este derecho debe ser protegido por la mano pública, contra la violación por parte de personas o grupos hostiles”.
Lamentablemente, la libertad de expresión en Turquía está lejos de ser un derecho garantizado por el Estado. El 19 de enero de 2007, el periodista armenio y ciudadano turco Hrant Dink, a quien todos los años el CNA de Sudamérica recuerda con la entrega de distinciones al periodismo argentino que lleva su nombre, fue asesinado a la salida de su periódico, AGOS. Y todos los días, en especial desde las reformas del 2005, el Código Penal Turco avanza contra la libertad de expresión criminalizando a las voces que se corren del discurso único, al punto en que Reporteros Sin Fronteras calificara a Turquía como “La mayor prisión para periodistas del mundo”.
Tanto Reporteros Sin Fronteras, que denunció la condena a Nisanyan, como Amnistía Internacional y otros organismos internacionales denuncian permanentemente el accionar del Estado turco que vulnera desde su Código Penal el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre otros. Por su parte, sus principales referentes gubernamentales sostienen y promueven las persecuciones, amenazas y la criminalización. Basta citar las declaraciones de Mahmut Macit, funcionario del Partido oficialista Justicia y Desarrollo, quien el 23 de mayo sostuvo frente a la condena: “mi sangre arde cuando psicópatas invertebrados que pretenden ser ateos juran contra mi religión”.
Para el CNA de Sudamérica el caso de Nisanyan no resulta un hecho aislado, sino que es coherente en un Estado donde ningún ciudadano, sin importar su origen, tiene permitido hablar del Genocidio perpetrado contra los armenios. Un Estado donde no se castiga a los periodistas únicamente, sino que se ataca a la libertad de expresión en su conjunto, como ocurrió con el pianista Fazil Say, sentenciado en virtud del mismo artículo del Código Penal que Nisanyan, y que obtuvo una anulación del veredicto por “errores de procedimiento”. A Nisanyan le queda la instancia de apelación, donde se ignora cuál será el resultado. La única certeza es que la República de Turquía, que insiste en su política negacionista y en impedir la libre expresión de sus ciudadanos, está cada vez más lejos de ser una república democrática.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013