En la madrugada del 27 de septiembre de 2020, en pleno contexto de pandemia y de crisis sanitaria, social y económica mundial, las fuerzas armadas de la República de Azerbaiyán, con la participación directa de Turquía y el despliegue de mercenarios yihadistas provenientes de Siria y Pakistán, lanzaron unilateralmente un ataque a gran escala contra la República de Artsaj (Nagorno-Karabaj) a lo largo de toda la línea de contacto. Este ataque se convirtió en una guerra a gran escala acompañada de graves violaciones al derecho internacional humanitario por parte de Azerbaiyán.
Esta guerra cobró una naturaleza sin precedentes para la región debido a la variedad e intensidad de armas de destrucción masiva utilizadas como ser municiones de fósforo por parte de Azerbaiyán y equipamiento militar de última generación. Sin embargo, uno de las características y particularidad fue el grado de violaciones del derecho internacional por parte de la República de Azerbaiyán con respecto a los prisioneros de guerra.
Según un informe de reciente publicación por parte del Defensor de los Derechos Humanos de la República de Armenia en los meses posteriores al ataque, Armenia y Azerbaiyán acordaron múltiples altos al fuego humanitarios fruto de la presión internacional. Sin embargo, Azerbaiyán violó repetidamente los acuerdos de alto al fuego, una práctica común, y de hecho se negó a cumplir sus condiciones, incluida la repatriación segura de prisioneros de guerra. Durante este tiempo, videos y fotografías empezaron a aparecer mostrando los graves abusos, torturas, fusilamiento y decapitación de prisioneros armenios. Dicha documentación demuestra contundentemente los crímenes de guerra de Azerbaiyán y una violación sustancial al punto 8 del acuerdo trilateral del 9 de noviembre de 2020 el cual establecía el intercambio de prisioneros de guerra, detenidos y de los cadáveres tras la finalización de la contienda.
No cabe dudas que Azerbaiyán: incumple los acuerdos, normas internacionales, no garantiza la legítima protección de las personas en cautiverio. Estas acciones dirigidas y comandadas desde el propio aparato estatal azerí fijan un claro y peligroso precedente para el orden y comunidad internacional ante la falta de denuncias y presiones suficientes dirigidas al gobierno azerí.
En base a lo expuesto desde el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica consideramos que Azerbaiyán:
- Mantiene cautivos con trato inhumano a prisioneros de guerra armenios violentando el derecho internacional.
- Violenta la integridad territorial de la República de Armenia.
- Incumple las normas y acuerdos del Derecho Internacional.
- Usurpa territorio armenio en Artsaj.
- Destruye diariamente el milenario patrimonio cultural armenio.
- Presiona, oprime y amenaza a la población rural.
- No permite la libre circulación de los ciudadanos armenios en las carreteras armenias.
- Promueve un discurso armenofobico.
Razón por la cual, mantener una posición de indiferencia es ser cómplices de una posible limpieza étnica y crisis humanitaria en la región del Cáucaso. Existen pruebas y evidencias sustanciales de los puntos que el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica denuncia y detalla. A 365 días del inicio de los enfrentamientos, la amenaza, agresión y avance del tándem turco azerí continúan poniendo en jaque no solo la seguridad de la población civil sino también de la región en su conjunto frente a la indiferencia de la comunidad internacional.
Consejo Nacional Armenio de Sudamérica
27 de septiembre de 2021