Hoy se conmemora un nuevo aniversario del genocidio cometido contra el pueblo armenio casi un siglo atrás. Este recuerdo invoca a la tolerancia, el derecho a la verdad histórica y el respeto por la dignidad humana como base del respeto entre los pueblos.
La consagración del derecho a la verdad como un derecho fundamental, de carácter autónomo e inalienable, traduce la dimensión ética de los nuevos parámetros que regulan la vida internacional. La lucha contra el olvido y la impunidad ha adquirido una legitimidad tal que desborda el hermetismo de las relaciones interestatales y se proyecta incluso sobre aquellas realidades nacionales sometidas históricamente a la dictadura del silencio.
En el caso del genocidio cometido por el Imperio Otomano contra los armenios entre 1915 y 1923, esto se expresa en una sucesión de reconocimientos en todo el mundo: decenas de países, parlamentos, comunas, etc. lo han hecho en forma expresa. La Argentina -donde el tema es política de Estado- es un ejemplo de ello: dio sustento y amparo a la comunidad armenia, apoyó su causa y además de participar activamente en su reconocimiento en las distintas esferas internacionales lo hizo también por ley, como Francia y Suiza.
Según la Ley Ní¸ 26199 el 24 de abril es en nuestro país el «Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos» y «Día de recordación de las víctimas del Genocidio Armenio». Esta tendencia universal que ha adquirido en la actualidad, al extremo de que el Parlamento Europeo condiciona la incorporación de Turquía al reconocimiento de dicho genocidio, contrasta con el autismo negacionista que dominaba el mundo hasta 1985, cuando, en el seno de un grupo de expertos de las Naciones Unidas, por primera vez la palabra «genocidio» pudo acompañar a la palabra «armenio».
Pero lo que está en juego hoy, no es la discusión sobre la verdad histórica, sino la falta de su asunción por parte del Estado turco y las consecuencias traumáticas que tiene para la sociedad de ese país la imposición del negacionismo, así como también para las instituciones y el ejercicio de los derechos humanos -en particular el derecho a la vida y a la libertad de expresión-. Acredita esta afirmación el asesinato en 2007 del periodista de origen armenio Hrant Dink en manos de un nacionalista turco, en represalia por su prédica a favor del reconocimiento. Su entierro fue acompañado por más de 100.000 personas que colmaron las calles de Estambul bajo la consigna «todos somos armenios».
Otra consecuencia es el tétrico artículo 301 del Código Penal que identifica el reconocimiento del genocidio como un atentado contra la «identidad turca» y por el que están acusados más de un centenar de intelectuales turcos -se considera que quien lo infringe «humilla a la patria»- entre ellos Orhan Pamuk, Premio Nobel de literatura.
A 93 años de aquellas atroces matanzas, estas medidas aparecen como un intento para frenar la emergencia inexorable de una realidad que ha permanecido soterrada en la memoria colectiva y en particular en la de millares de armenios y otras minorías que viven en Turquía y que, a pesar de que en muchos casos se vieron obligados a cambiar de religión o de nombre para salvar su vida, conservan intacta su identidad.
En 1985, cuando debatíamos en la ONU la aprobación del Informe de Whitaker que hacía mención del genocidio armenio, uno de los argumentos que esgrimía la delegación turca para oponerse a su reconocimiento, era la posibilidad de que este hecho estimulara acciones violentas de jóvenes armenios que se habían lanzado a hacer justicia por mano propia contra diplomáticos turcos.
Sin embargo, esto no fue así y luego de la histórica sesión en la que se aprobó, no se registró un solo atentado terrorista por parte de la Diáspora armenia. La verdad entrañó la paz y, por el contrario el negacionismo continúa cobrando víctimas. En un día como hoy, en que se memora a las víctimas del genocidio armenio invocando a la tolerancia como la base del respeto entre los pueblos, los argentinos y armenios que tanto hemos luchado por la verdad, debemos tener presente el ingrato destino de quienes, todavía, en Turquía, no han podido ni siquiera relatar su silenciado infortunio.
Leandro Despouy integró la Subcomisión de expertos de la ONU que en 1985 aprobó la Resolución de reconocimiento del Genocidio Armenio.