El fallecimiento de Jorge Rafael Videla se produjo mientras cumplía sus múltiples condenas en la prisión de Marcos Paz. Sus apariciones públicas más recientes habían confirmado que el genocida no tenía ninguna intención de colaborar para dilucidar los entramados del Plan Cóndor, o el paradero de los hijos de detenidos desaparecidos, extendiendo con su silencio el alcance de sus políticas de exterminio. Por el contrario, sus declaraciones han estado vinculadas a pergeñar sublevaciones militares y a demonizar a las instituciones de la democracia.
Su deceso, a los 87 años, no ha generado ningún tipo de sorpresa ni interés. Sin embargo, el hecho de que encontrara su muerte en una prisión común señala que la Argentina, que marcara un hito histórico con el Juicio a las Juntas y viviera un retroceso con las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos, nuevamente se encuentra en una senda donde a través de políticas de Estado y del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, los crímenes de lesa humanidad no sólo son considerados imprescriptibles en la letra, sino que sus responsables son juzgados, con la garantía del debido proceso.
A diferencia de lo que sucede con el Estado turco, que a través de su política negacionista garantiza su impunidad frente al genocidio perpetrado contra los armenios, el Estado argentino avanza otorgándole a la justicia las herramientas para desarrollar estos juicios. Este avance es compartido por otros países de América Latina, y genera un escenario alentador para que las violaciones a los Derechos Humanos no queden impunes, para que el terrorismo de Estado sea erradicado como metodología de control social y para que la sociedad encuentre reparación en la verdad y la justicia.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013