Ramil Safarov es un militar que asesinó con un hacha a un par armenio, Gurgen Margaryan, durante un curso de inglés de la OTAN en Hungría, en febrero de 2004. De su condena a cadena perpetua en el país donde cometió el crimen, pasó a ser recibido con honores en su país natal. Hoy, más de diez años después, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa repudió el 18 de noviembre a través de la Resolución 2022 (2014) la mala fe azerbaiyana durante ese episodio. La República de Azerbaiyán premió a un militar convicto por asesinar a un militar armenio desarmado, y la mayor parte de la Comunidad Internacional evitó pronunciarse al respecto.
El 12 de noviembre el ejército de Azerbaiyán derribó un helicóptero MI-24 de Nagorno Karabaj que 
realizaba ejercicios de entrenamiento, sin ningún tipo de armamento. El resultado inmediato fue la muerte de los tres soldados que lo tripulaban. Después de los momentos de tensión vividos durante agosto y las convocatorias desde diferentes instancias del Grupo de Minsk de la OSCE, ámbito para la resolución pacífica del diferendo, esta nueva provocación del gobierno de Aliyev obliga a preguntarse por qué pudo ser derribado ese helicóptero, más allá de las justificaciones de la cartera de Defensa azerbaiyana, que como sucede habitualmente no encuentran un respaldo en la realidad.
Existen varias explicaciones posibles, no necesariamente excluyentes, ante esta búsqueda permanente del recrudecimiento de las tensiones. La primera es que en la medida que la República de Nagorno Karabaj avanza en su consolidación, tanto desde los aspectos sociales como de las libertades democráticas, es conveniente para el gobierno de Azerbaiyán mantener el status quo en la región, y que Nagorno Karabaj sea pensado internacionalmente como un “conflicto” y no como un “país”.
Asimismo, el sostenimiento permanente de las tensiones habilita la utilización política permanente de discursos armenófobos y belicistas en el fuero interno y en espacios internacionales, especialmente y de manera cada vez más aguda en forma mancomunada con la República de Turquía. En un contexto represivo cada vez mayor al interior de Azerbaiyán, denunciado por organismos de prensa y de derechos humanos, Aliyev sienta uno de los pilares de su gobierno en las promesas de recuperación a sangre y fuego de los territorios históricos de su país, que según su propia reescritura de la historia abarcarían la totalidad de Armenia.
Sin embargo, desde el CNA entendemos que lo que genera las condiciones de posibilidad para que Azerbaiyán lleve adelante esta política de estado beligerante es la ausencia de sanciones internacionales. Luego de este gravísimo incidente, el Grupo de Minsk de la OSCE se ha limitado a expresar su preocupación y realizó un llamado a Armenia y Azerbaiyán a respetar el cese al fuego y honrar los compromisos de Sochi, Newport y París, auspiciados por los presidentes de la Federación Rusa, Estados Unidos y Francia. El comunicado no sólo no condena a la parte azerbaiyana por su crimen, sino que realiza un llamado de atención a Armenia y desconoce a Nagorno Karabaj como parte. Si el organismo que entiende en el conflicto adopta esta postura, ¿qué se puede esperar de la República de Azerbaiyán?.
Desde el CNA sostenemos permanentemente que sin la incorporación de la República de Nagorno Karabaj como parte de la discusión, y sin un análisis de cómo actúa cada parte en el conflicto, la aparente búsqueda de imparcialidad y neutralidad de los organismos internacionales se transforma en un gesto de beneplácito a la política de Aliyev. Ni Margaryan, ni los tripulantes del helicóptero son víctimas directas de los horrores de la guerra. Bien por el contrario, son las bajas que se cobra el proceso de paz tal como lo entiende Azerbaiyán: incitación permanente al fin del cese al fuego y el reinicio de la campaña de limpieza étnica interrumpida 20 años atrás.