Decía el Juez Federal Carlos Rozanski en los fundamentos de la sentencia de Miguel Etchecolatz que lo acontecido en la última dictadura cívico militar no era “una mera sucesión de delitos sino algo significativamente mayor que corresponde denominar genocidio” y destacaba el caso armenio, la Shoá y Ruanda. Y agregaba que “no se trata de una competencia sobre qué pueblo sufrió más o qué comunidad tiene mayor cantidad de víctimas. Se trata de llamar por su nombre correcto a fenómenos que, aún con diferencias contextuales y sucedidos en tiempos y espacios distintos registran una similitud que debe ser reconocida”.
Rozanski, quien fuera víctima de amenazas de muerte luego de esta sentencia, en 2006, y que continuaría siendo blanco de las mismas en el 2015, denuncia que actualmente hay presiones y operaciones desde diferentes sectores, entre ellos medios de comunicación, para avanzar hacia el otorgamiento de prisión domiciliaria a quienes fueron juzgados con las garantías del debido proceso por crímenes de lesa humanidad y superan los 70 años.
Sin realizar conjeturas que enfaticen las diferencias entre los genocidios, sino a partir de lo que nos une desde la lucha por memoria, verdad, justicia y reparación, entendemos que las presiones a la justicia atentan contra la Nación en su conjunto. Los organismos de Derechos Humanos, que han llevado adelante una lucha ejemplar para el mundo entero, han expresado su profunda preocupación en la conferencia de prensa realizada hoy en el Espacio Memoria y Derechos Humanos por el curso de los acontecimientos. Desde el CNA bregamos porque los reclamos de quienes tanto hicieron por la democracia sean atendidos y considerados, y que tanto ellos como los miembros de la justicia no vuelvan a estar en situaciones de vulnerabilidad que implicarían un grave retroceso para la sociedad.