El 24 de Abril quienes apoyan la lucha del pueblo armenio conmemoran el inicio del genocidio perpetrado por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923, y que su sucesor, la República de Turquía, se encargara sistemáticamente de negar. En Argentina, desde hace una década, el 24 de Abril de todos los años está instituido como “el “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos” en memoria del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro” según sostiene la Ley 26.199. Argentina es una nación que no solamente permitió a los sobrevivientes del genocidio incorporarse a la sociedad en un esquema pluricultural, sino que también reconoció este crimen de lesa humanidad en los tres poderes del Estado.
La República de Turquía intenta condicionar las decisiones soberanas de otros estados para sostener internacionalmente su política negacionista. Explícitamente condena cada reconocimiento, 
e intenta evitarlos a través del lobby, extorsiones y amenazas. Sin embargo, su única preocupación frente a la “cuestión armenia” (la que intentó solucionar con el plan genocida iniciado en 1915) no consiste en los posicionamientos estatales, sino en la propia integración de las comunidades en sus países de acogida, en la relevancia que cobraron algunos descendientes de los sobrevivientes del genocidio y en su supuesta labor intoxicante hacia las autoridades locales.
Tanto Turquía como Azerbaiyán, dos Estados negacionistas, entienden que los armenios de todo el mundo son sus enemigos. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, lo expresó públicamente en estos términos, mientras que Turquía no hace esfuerzos por ocultarlo. Su cancillería, por ejemplo, ha expresado su caracterización nefasta sobre la comunidad armenia de Argentina al culparla por la posición del Papa Francisco frente al genocidio armenio. El fracaso de sus intentos de negar lo ocurrido en términos absolutos, llevó a Turquía a nuevas estrategias, como el intento de establecer un “diálogo” con la precondición de que se eludiera la caracterización de genocidio y se clausurara cualquier discusión sobre su impacto contemporáneo.
Esta engañosa maniobra para escapar de la justicia también fracasó gracias a la lucha internacional por la Causa Armenia. En su lugar, cobró nuevo impulso el reclamo por reparación, en el frente académico, legal y político. La reparación puede ser entendida como un complejo de medidas que incluye el reconocimiento y las disculpas del perpetrador, pero que conlleva también otras como restituciones de bienes, indemnizaciones a instituciones culturales, sociales, educativas y religiosas, apoyar la reconstrucción y viabilidad del desarrollo del pueblo que fue víctima, y la recuperación de la propia sociedad turca, luego de un siglo de negacionismo de Estado.
Con el fin de apartar la atención de ese urgente conjunto de medidas reparatorias, Turquía ensaya sus ya remanidas argucias negacionistas. Lamentablemente, algunas encuentran favorable acogida en ciertos interlocutores, como aquella que postula que no puede caracterizarse lo ocurrido entre 1915 y 1923 en el Imperio Otomano como un genocidio, dado que precede a la “Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio” de 1948. Sin perjuicio de atender a los innumerables pronunciamientos de la comunidad internacional que califican al Genocidio armenio como tal, quienes se apresuran a asumir la postura del estado negacionista deberían releer el preámbulo de la “Convención”, que expresamente reconoce que «en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad”. Esta declaración, sumada a la opinión de prestigiosos estudiosos del derecho internacional, obliga a interpretar que el tratado no fue constitutivo de una figura del derecho internacional denominada “genocidio”, sino declaratoria de la preexistencia de ese delito. En pocas palabras, la «Convención» codificó la prohibición del genocidio, que ya constituía una norma de derecho internacional vinculante.
Por lo tanto, a 102 años del inicio del genocidio contra el pueblo armenio y a 10 años de la sanción de la ley que lo reconoce en Argentina, es necesario luchar contra todas las formas del negacionismo, que no escatiman esfuerzos al momento de reconvertirse para evitar modificaciones sustanciales. Las conquistas son el punto de partida, no de llegada, y cualquier intento de banalización, relativización o tergiversación de un genocidio, implica un retroceso para la humanidad, que es en definitiva la que ha sufrido el crimen. Frente a los intentos de los estados negacionistas de seguir culpando a las víctimas, es imprescindible demostrar la fortaleza que surge del desarrollo de las comunidades y de sus articulaciones y alianzas en cada lugar, consolidadas durante un siglo, y poner en evidencia que tanto sus promesas como sus amenazas son tan falsas como la visión de la historia que sostienen. Mientras exista el negacionismo, nuestra obligación será luchar por memoria, verdad, justicia y reparación.
21 de abril de 2017