Desde la capitulación del 9 de noviembre de 2020, el gobierno de Armenia ha ingresado en una dinámica de concesiones interminables frente a sus agresores. No solo por las aberrantes condiciones del acuerdo tripartito, sino por las sucesivas demandas y exigencias a las que cedió sin ningún miramiento.
Con el nuevo intento de normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía es evidente que la dinámica no cambiará. Desde el encuentro de los enviados designados por cada país para el inicio de las conversaciones el pasado 14 de enero el ejecutivo sostuvo que las negociaciones se desarrollarían sin condicionamientos previos. El gobierno armenio negocia desde una posición de debilidad a partir de la derrota en la guerra. Es necesario señalar que teniendo en cuenta esta situación y ante la coordinación diplomática, económica y militar de Turquía con Azerbaiyán, es difícil suponer que el gobierno turco abandonará sus habituales pretensiones.
Es sabido que Turquía demanda no solo el reconocimiento de las actuales fronteras con Armenia, el abandono de los reclamos por el genocidio y la entrega incondicional de Artsaj a Azerbaiyán. En esta nueva etapa de negociaciones incorporó además la apertura del “corredor de Zanguezur”, el cual lo conectaría geográficamente con sus aliados azeríes a costa de la soberanía y la integridad territorial Armenia.
Poco más de un año después del fin del conflicto, el gobierno de Armenia decidió no renovar la prohibición de importar productos de Turquía, anunció el comienzo de vuelos entre Ereván y Estambul para principios de febrero y se sentó en la mesa de negociaciones sin ninguna capacidad o voluntad de defender los intereses nacionales. Por otra parte, Turquía apoyó incondicionalmente a Azerbaiyán como proveedor de armamento, liderando operaciones, reclutando y enviando yihadistas sirios al campo de batalla. Todo esto después de incentivar al gobierno azerí a iniciar las hostilidades en septiembre de 2020 y sostener un bloqueo unilateral de la frontera con Armenia desde 1993, mientras lleva adelante una campaña armenofóbica y negacionista dentro y fuera de sus fronteras.
Es difícil imaginar cómo un acuerdo tan alentado por nuestros agresores puede incluir en sus resoluciones algo favorable para la República de Armenia y Artsaj. Más aún mientras continúan ocupando nuestros territorios y agrediendo a nuestra población.
Es necesario señalar un particular agravante de esta situación: el primer ministro armenio replica actualmente parte del discurso turco-azerí, omitiendo y confundiendo principios fundamentales del derecho internacional y el derecho interno armenio, sobre los que fueron cimentados nuestros reclamos históricos y vigentes al día de hoy.
Desde el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica entendemos lo importante de la existencia de relaciones diplomáticas con los estados vecinos. También de la importancia que revisten para generar acuerdos de paz y estabilidad que permitan el desarrollo de sus habitantes. Para que estos acuerdos existan y sean sostenibles no deben estar condicionados por cesiones que comprometan nuestra integridad territorial, nuestros reclamos históricos y mucho menos poner en jaque los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Por lo que consideramos que es urgente el abandono de estas políticas entreguistas y de expresiones que legitimen discursos negacionistas o relativicen los derechos de nuestro pueblo.
Consejo Nacional Armenio de Sudamérica
1 de febrero de 2022